Ciudad de México/Washintong D.C._ El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se encuentra en el centro de una severa crisis operativa y política tras una sucesión de trágicos incidentes que han cobrado la vida de varios migrantes latinoamericanos en las últimas semanas.
La situación ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos y ha reavivado un tenso debate sobre los límites de los métodos de detención federales en territorio estadounidense.
IVSS: Pacientes denuncian maltrato del personal y alarmante retraso
El punto de máxima crispación ocurrió tras registrarse dos tiroteos letales ejecutados por agentes de la agencia migratoria durante persecuciones en carretera.
El primer deceso reportado fue el del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo, abatido el pasado 7 de julio en Texas.
Apenas una semana después, un agente de ICE mató a tiros al joven colombiano de 26 años Joan Sebastián Guerrero en la localidad de Biddeford, Maine.
De acuerdo con reportes preliminares del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Guerrero —quien contaba con permiso de trabajo vigente— no era el objetivo original del operativo de captura.
A estos eventos se suma el atropello mortal de un inmigrante mexicano en el estado de Florida mientras intentaba huir a pie de un operativo de control, así como el reciente fallecimiento bajo custodia de Jesús Manuel Arenas Silva, de 45 años y origen venezolano.
El hombre sufrió un paro cardíaco en Georgia mientras era trasladado en un autobús de detención. Con este último deceso, organizaciones como el National Immigration Project estiman que la cifra de migrantes muertos bajo custodia del ICE en lo que va de 2026 ya asciende a 22 personas.
Directrices bajo disputa y presión política
Ante el incremento del escrutinio público, portavoces de la agencia informaron que se dio la orden temporal de suspender la mayoría de las paradas de tránsito y persecuciones vehiculares para mitigar riesgos en zonas urbanas.
No obstante, el presidente Donald Trump rechazó categóricamente la medida restrictiva de la agencia, ordenando revocar de inmediato cualquier pausa y demandando la continuidad de la «mano dura» en las operaciones de control de tráfico y persecución migratoria.
Entretanto, mandatarios locales de zonas de alta densidad migratoria y activistas de derechos civiles redoblan la presión para que se formalice una moratoria a los arrestos en tránsito y se acelere el equipamiento obligatorio de cámaras corporales para todos los agentes desplegados en campo.
Mientras tanto, el zar fronterizo Tom Homan declaró que las investigaciones federales por los tiroteos siguen su curso y que, si se comprueban actuaciones ilegales o inapropiadas, los agentes involucrados rendirán cuentas ante la justicia.