Bogotá, Colombia._ La reciente orden del gobierno de Abelardo de la Espriella de activar operativos para deportar a migrantes en condición irregular coloca al país en una severa encrucijada legal, operativa y humanitaria.
Esta directiva gubernamental choca de frente contra una realidad institucional paralizada, donde cientos de miles de extranjeros se encuentran atrapados en un limbo jurídico sin salida inmediata.
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El nuevo presidente había dado un plazo de un mes para que se regularizaran, pero el sistema esta paralizado desde el 2023
El núcleo del problema radica en que los procesos formales de regularización y renovación de documentos han permanecido suspendidos o profundamente estancados durante los últimos años en el territorio nacional.
Exigir la regularización inmediata en plazos reducidos a la población migrante resulta técnicamente inviable ante la falta de canales administrativos habilitados por parte de la autoridad migratoria.
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Aproximadamente más de 800.000 ciudadanos venezolanos residen actualmente en Colombia bajo condición de irregularidad, la gran mayoría debido a barreras burocráticas y no a una voluntad de evasión.
Tratar la falta de documentación como un detonante automático de deportación invisibiliza que la irregularidad constituye una falta de carácter administrativo, mas no un delito penal en la legislación.
Colombia no tiene la capacidad de deportarlos a todos
Por otra parte, Colombia no dispone de la infraestructura logística, la capacidad presupuestaria ni el personal operativo necesario para ejecutar expulsiones masivas de tal magnitud en el corto plazo.
El marco legal del país y los tratados internacionales suscritos prohíben taxativamente las deportaciones colectivas, exigiendo un procedimiento individualizado, costoso y prolongado para cada expediente administrativo.
Esta desconexión entre la retórica del Ejecutivo y la capacidad real del aparato estatal genera un clima de incertidumbre, zozobra e indefensión jurídica en las comunidades vulnerables.
Analistas y organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que criminalizar la migración irregular solo fomenta la informalidad, la exposición a redes de trata y la marginación social.
De la Espriella ordena deportación de migrantes irregulares
Para resolver la crisis no se requieren anuncios de mano dura irrealizables, sino la reapertura urgente de mecanismos eficientes de regularización que descongestionen el sistema institucional.
Mientras la burocracia estatal continúe paralizada, cualquier decreto de expulsión masiva representará un callejón sin salida que incrementará la inestabilidad social en toda la región.